La formación plantea la creación de unidades policiales especializadas, registros de denuncias y beneficios fiscales para propietarios afectados.
El Grupo Municipal VOX ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con el objetivo de atajar lo que considera un “creciente problema” de ocupación ilegal de viviendas, así como el fenómeno conocido como «inquiokupación», consistente en inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero se niegan a abandonar el inmueble.
El portavoz del grupo, José Rodríguez, ha subrayado durante la presentación de la moción la urgencia de adoptar medidas locales “contundentes” ante una situación que, según argumenta, genera una “profunda alarma social” y pone en entredicho derechos fundamentales como el de la propiedad privada, recogido tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aunque VOX reconoce que la regulación de la materia compete en gran parte al Gobierno central, insiste en la necesidad de que los ayuntamientos “no miren hacia otro lado” y actúen dentro de sus competencias para proteger a los ciudadanos, especialmente a los pequeños propietarios, quienes –según la moción– son los principales perjudicados.
Entre los datos aportados, se destaca que en la provincia de Málaga se registraron 415 delitos de ocupación entre enero y noviembre de 2022, un aumento del 50% respecto a 2015. Además, VOX denuncia que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, los delitos contra la propiedad privada han aumentado un 41% a nivel nacional.
Propuestas concretas
Entre las medidas que VOX propone al consistorio destacan la creación de un Servicio de Asesoramiento para afectados por okupación e inquiokupación, un Portal de Transparencia con información legal y práctica para los ciudadanos, y un Registro General de Denuncias que permita identificar casos y evitar que personas condenadas por ocupación ilegal accedan a viviendas de protección oficial.
Asimismo, la moción contempla la puesta en marcha de una Unidad Administrativa Especializada dentro de la Policía Local para coordinar actuaciones con otros cuerpos de seguridad, así como la verificación exhaustiva de los empadronamientos mediante certificados de la Agencia Tributaria.
Por otra parte, el grupo aboga por aplicar beneficios fiscales a los propietarios cuyas viviendas hayan sido ocupadas, para evitar que sigan soportando cargas impositivas pese a haber perdido el uso del inmueble. También proponen un control más estricto de los informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales, con el fin de evitar la cronificación de casos de inquiokupación.
“Confiamos en que esta moción sea tratada con la urgencia y seriedad que el problema requiere”, ha afirmado Rodríguez, quien ha concluido apelando a la necesidad de proteger la seguridad jurídica de los ciudadanos y su derecho a la propiedad.
