Artículo de Opinión / Por Joaquín Belmonte Galiana
El próximo miércoles 18 de junio, Luz, una vecina de 76 años de Rincón de la Victoria, podría perder su vivienda tras más de dos décadas residiendo en el municipio. Su situación no es fácil: vive con una pensión no contributiva de 480 euros, padece problemas graves de salud y su marido, de 86 años, se encuentra en una residencia debido a un deterioro físico y cognitivo considerable.
Este caso, que ha salido a la luz pública, no sólo interpela a los responsables municipales y autonómicos, sino que también nos invita, como sociedad, a reflexionar sobre cómo abordamos la vulnerabilidad y la pobreza en entornos que, a primera vista, parecen ajenos a ella.
Rincón de la Victoria es uno de los municipios con mayor renta media de Málaga. Su imagen es la de un lugar próspero, de vida tranquila y buena calidad de servicios. Y es, precisamente por eso, que casos como el de Luz generan tanta inquietud: nos recuerdan que la exclusión social no desaparece tras el crecimiento económico, sino que a menudo se vuelve más invisible.
No se trata de buscar culpables. Ni el propietario, que ha soportado dos años sin cobrar alquiler, ni el Ayuntamiento, que se enfrenta a limitaciones presupuestarias y legales, tienen una tarea sencilla. Pero sí se trata de buscar soluciones, de forma colectiva, humana y coordinada. Este tipo de situaciones evidencian la necesidad de que existan mecanismos públicos eficaces y empáticos que puedan dar respuesta urgente a personas en situaciones límite.
El municipio, como otros de la Axarquía, no cuenta aún con un albergue ni con recursos específicos para personas sin hogar o en emergencia habitacional. Es un reto pendiente, quizás difícil de asumir en solitario, pero más abordable si se plantea desde una mirada comarcal o provincial. Hay buenas prácticas en otros puntos del país que podrían servir de referencia: alojamientos temporales en viviendas públicas, colaboración con entidades sociales o programas de mediación entre propietarios y arrendatarios.
Este caso no debe convertirse en un arma política ni en una batalla partidista. La protección de las personas vulnerables es un objetivo que debería unir a todas las formaciones, más allá de las diferencias ideológicas. Y, en ese sentido, la Ley de Vivienda recientemente aprobada puede ofrecer herramientas —como la declaración de zonas tensionadas—, pero su aplicación siempre debe adaptarse con responsabilidad al contexto de cada municipio.
La situación de Luz también habla de un fenómeno más amplio: el aumento de la pobreza silenciosa en personas mayores, especialmente mujeres, muchas de ellas viudas o con pensiones muy bajas. Es una realidad que merece atención y políticas específicas a nivel estatal y autonómico.
Rincón de la Victoria está llamado a liderar, como uno de los municipios más destacados de la provincia, una forma más solidaria y comprometida de entender el bienestar. Porque el verdadero progreso no se mide sólo en cifras de renta, sino también en la capacidad de una comunidad para cuidar de quienes más lo necesitan.
Quizás no podamos evitar todos los desahucios, ni resolver de un día para otro la exclusión social. Pero sí podemos, entre todos, hacer que ninguna persona se sienta abandonada. Y ese, sin duda, sería el mayor valor de una sociedad verdaderamente desarrollada.
