En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria firmó un convenio con la empresa COPESOL para la cesión de una parcela ubicada en la Avenida de la Candelaria, destinada a ser utilizada como aparcamiento público. La gestión del espacio fue otorgada a una asociación sin ánimo de lucro integrada por personas con discapacidad, lo que inicialmente se presentó como un acuerdo beneficioso para la ciudadanía y con un enfoque social. Sin embargo, las críticas no han tardado en surgir.
Rocío Calderón, portavoz de Con Rincón (IU), ha puesto en entredicho la supuesta gratuidad de la cesión tras conocerse que el Ayuntamiento adjudicó a la misma empresa COPESOL los trabajos de compactación del terreno por un importe de 44.945,28 euros. “Cuando se destina casi 45.000 euros a la empresa que ha cedido la parcela, es legítimo preguntarse si realmente estamos hablando de una cesión gratuita o si hay un beneficio encubierto de por medio”, declaró Calderón.
La portavoz de IU también ha destacado que este caso no es una excepción. Según Calderón, el Ayuntamiento ha firmado en otras ocasiones convenios de cesión o comodato que, en apariencia, buscaban el beneficio del municipio, pero que finalmente incluían compensaciones económicas a las empresas cedentes. “Es un patrón que se repite y que exige explicaciones. No es la primera vez que detrás de estas cesiones encontramos pagos que generan dudas sobre la transparencia de estas operaciones”, añadió.
Desde Izquierda Unida exigen mayor claridad en este tipo de acuerdos y alertan sobre el impacto que este modelo de gestión puede tener en la confianza ciudadana hacia las instituciones. Según Calderón, estas prácticas ponen en cuestión si el interés público está siendo verdaderamente prioritario o si, por el contrario, los convenios se están utilizando para beneficiar a determinadas empresas privadas.
Este caso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la gestión de los recursos municipales. Para Calderón, “los convenios de cesión o comodato deben ser absolutamente transparentes para que no se interpreten como vías indirectas de favorecer intereses privados”.
La polémica está servida y pone de nuevo el foco en las relaciones entre el sector público y privado en Rincón de la Victoria, donde no es la primera vez que se plantean estas cuestiones.
