El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado que este miércoles aprobará la aplicación de la Ley 7/2022, una normativa impulsada por el Gobierno central que obligará a los vecinos a asumir un incremento en la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos a partir de 2025. Esta medida responde a la transposición de una directiva europea que, aunque busca promover la economía circular, ha generado críticas por cómo se ha implementado en España.
La ley en cuestión, derivada de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre residuos y suelos contaminados, busca que los ciudadanos paguen por el coste real de la gestión de sus residuos, un principio que en la teoría promueve el reciclaje y la sostenibilidad. Sin embargo, la manera en que esta normativa se ha articulado a nivel nacional ha provocado controversia. A diferencia de otros países de la Unión Europea, donde los estados pueden optar por aplicar la directiva mediante impuestos o mecanismos alternativos, en España se ha decidido hacerlo a través de una tasa municipal, lo que ha transferido la responsabilidad económica directamente a los ayuntamientos y, por extensión, a los ciudadanos.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Francisco Salado (PP), se ha expresado una notable insatisfacción con la decisión del Gobierno central. “El Gobierno podría haber implementado esta ley mediante un impuesto estatal, pero nos ha transferido la carga a los ayuntamientos”, declaró el regidor, quien también explicó que para paliar el impacto en los vecinos, se está estudiando la reducción del tipo del IBI en los próximos años.
El concejal de Hacienda, Antonio Fernández (PP), subrayó que aunque la directiva europea establece el marco general, cada estado tiene la libertad de decidir cómo aplicarla. «España ha optado por la vía de la tasa, lo que no ocurre en otros países de la UE», afirmó Fernández.
Sin embargo, esta medida tiene su origen en una directiva de la Unión Europea a través de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que ya contó con el voto a favor del grupo popular en Bruselas. El Partido Popular Europeo (PPE) —del cual el PP forma parte— votó a favor de la directiva en el Parlamento Europeo. Este detalle pone de relieve la complejidad de la situación, ya que a nivel local y nacional el PP se ha mostrado crítico con la forma en que se ha aplicado en España, aunque en Europa apoyó la normativa que dio origen a esta ley.
El impacto económico de esta ley será significativo. Según datos municipales, la tasa anual media para las viviendas pasará de 103,24 euros a 162,47 euros en 2025, mientras que los comercios verán su cuota aumentar de 277,21 euros a 404,35 euros. Los vecinos de viviendas unifamiliares aisladas, que actualmente pagan 153,70 euros al año, llegarán a desembolsar 216,80 euros.
Ante esta situación, el consistorio ha solicitado al Gobierno central la creación de un sistema de financiación estatal para ayudar a los municipios a implementar la ley. “No puede haber 8.132 tasas distintas, una por cada municipio en España”, destacó Fernández, quien también criticó la falta de incentivos claros para quienes reciclan más y mejor.
Aunque desde el ayuntamiento se está trabajando para minimizar el impacto de esta subida mediante la rebaja del IBI, queda en el aire la capacidad de los consistorios para asumir los costes sin contar con más recursos por parte del Estado. Mientras tanto, el equipo de gobierno continuará promoviendo campañas de concienciación sobre reciclaje, con la esperanza de que una mayor implicación ciudadana en la separación de residuos orgánicos pueda contribuir a reducir los costes municipales.
En conclusión, esta nueva tasa, que deriva de una legislación europea apoyada por el Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha puesto en evidencia las tensiones entre las diferentes administraciones y ha generado malestar entre los vecinos, quienes se preparan para asumir un incremento significativo en sus facturas de gestión de residuos.
