El portavoz de VOX, Jose Rodríguez, ha reclamado la firma de un convenio con Tráfico que permita cambiar el domicilio de los vehículos desde las oficinas municipales, evitando desplazamientos a Málaga y mejorando la recaudación municipal
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha registrado una moción para exigir al equipo de Gobierno que cumpla el acuerdo plenario aprobado en julio de 2019, a propuesta de VOX, para establecer un convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). Una iniciativa que, más de siete años después de recibir el respaldo del Pleno, continúa sin ejecutarse, privando a los vecinos de la posibilidad de realizar determinados trámites de Tráfico directamente en las oficinas municipales.
Jose Rodríguez, portavoz de VOX en Rincón de la Victoria, ha señalado que es “urgente” recuperar este acuerdo ya que “existe la necesidad de facilitar que los residentes puedan actualizar el domicilio de sus vehículos sin desplazamientos ni trámites administrativos innecesarios”
Por ello, el portavoz municipal de VOX denuncia que Rincón de la Victoria sigue sin figurar entre los ayuntamientos colaboradores de la DGT, a pesar de que 39 municipios de la provincia de Málaga ya ofrecen este servicio, según la relación oficial consultada por la formación. Entre ellos se encuentran localidades de la Axarquía como Vélez-Málaga, Algarrobo, Moclinejo, Comares o Macharaviaya, algunas con una población considerablemente inferior a la de Rincón de la Victoria.
“No se entiende que un municipio como Rincón de la Victoria, que supera los 53.000 habitantes y que se encuentra entre los de mayor crecimiento de la provincia, continúe sin disponer de un servicio que otros ayuntamientos llevan años prestando a sus vecinos”, ha añadido Rodríguez.
Asimismo, el portavoz municipal señala que el convenio permitiría que los ciudadanos que se empadronen en Rincón de la Victoria puedan comunicar simultáneamente su cambio de domicilio a la DGT, tanto en el Registro de Vehículos como en el de Conductores. De esta forma, se evitaría tener que acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga o recurrir obligatoriamente a procedimientos telemáticos que pueden resultar especialmente complicados para las personas mayores o quienes carecen de certificado digital.
La iniciativa también supondría una mejora para las arcas municipales, ya que facilitaría que los vehículos de los nuevos residentes quedaran domiciliados fiscalmente en Rincón de la Victoria. Actualmente, muchos ciudadanos que se trasladan al municipio mantienen sus vehículos registrados en sus localidades de origen, lo que provoca que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) continúe recaudándose en otros ayuntamientos.
Asimismo, el convenio permitiría mejorar el intercambio de información entre la DGT y la Policía Local, agilizar la gestión de sanciones, reforzar la coordinación en materia de seguridad vial y garantizar que los vecinos reciban las notificaciones de Tráfico en su domicilio actualizado.
VOX exige plazos concretos para que el acuerdo no vuelva a quedar olvidado
Ante la falta de ejecución del acuerdo de 2019, con la moción registrada, el Grupo Municipal VOX reclama que el alcalde y su equipo de Gobierno inicien, en un plazo máximo de dos meses, los trámites necesarios para la adhesión al convenio de colaboración entre la Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), o para formalizar un acuerdo bilateral con la DGT.
La moción también plantea que, una vez suscrito el convenio, el Ayuntamiento habilite este servicio en las oficinas municipales de atención a la ciudadanía y en el área de Padrón, de manera que los vecinos puedan gestionar el cambio de domicilio de sus vehículos en el mismo momento en que formalizan su empadronamiento.
Además, VOX solicita que se informe de este nuevo servicio a través de los canales municipales y que el equipo de gobierno dé cuenta al Pleno del estado de tramitación del convenio en la primera sesión ordinaria que se celebre una vez transcurridos tres meses desde la aprobación de la iniciativa.
