El Secretario General del PSOE local, Antonio Sánchez y el senador Rafael Granado destacan la mayor financiación estatal y critican la gestión de la Junta, a la que acusan de tardar 424 días de media en resolver expedientes
El secretario general y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Sánchez, y el senador por Málaga Rafael Granado presentaron esta mañana ante los medios la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, aprobada recientemente por el Gobierno central. Ambos la definieron como la mayor ampliación de derechos sociales en este ámbito desde que se creó la ley en 2006 y como un «cambio de paradigma» que, según explicaron, deja atrás un modelo puramente asistencialista para situar la dignidad y la autonomía de las personas en el centro del sistema de cuidados.
Financiación y nuevos derechos
Granado detalló que el Estado asumirá el 50 % de la financiación de la dependencia en 2026 y 2027, con 6.300 millones de euros destinados a fortalecer el sistema de cuidados. De esa cantidad, Andalucía recibirá 318 millones este año y 636 millones el próximo, un total de 954 millones en dos ejercicios.
La segunda medida es la Ley de Dependencia y Discapacidad, que modifica el artículo 49 de la Constitución y cuenta con otros 6.200 millones de euros adicionales. Según el senador, beneficiará a más de cuatro millones de personas con discapacidad. Entre las medidas previstas figuran la teleasistencia como derecho subjetivo, la asistencia personal, el refuerzo de la ayuda a domicilio y la mejora de las condiciones laborales de un sector que emplea a casi 500.000 trabajadores. El objetivo, dijo, es reducir las listas de espera y avanzar hacia unos cuidados «más cercanos, personalizados y comunitarios».
Las listas de espera, según los socialistas
Los ponentes contrastaron esa inversión con la situación en Andalucía, cuya gestión atribuyeron al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno. Según los datos que manejó Granado, correspondientes a junio y julio de este año y que «pueden variar», el tiempo medio de resolución en la comunidad es de 424 días, frente a los 180 que fija la ley. Añadió que más de 40.000 personas figuran en lista de espera directa y que casi 2.500 habrían fallecido aguardando una atención.
En Málaga, indicó, se concentra el 20 % de esa lista, lo que la sitúa como la segunda provincia tras Sevilla, con 441 fallecidos en espera y casi 80.000 personas en situación de dependencia. «Andalucía recibe más recursos que nunca y presta los servicios peores que nunca», afirmó el senador, que instó a la Junta a garantizar que nadie espere más de lo legalmente establecido y recordó que ahora corresponde a las comunidades autónomas desarrollar las medidas con los medios que, dijo, el Estado pone a su disposición.
Granado acusó además al Partido Popular de no apoyar ni el decreto ni la ley, sin que en sus palabras quedara claro si el sentido de su voto fue el rechazo o la abstención.
El caso del Rincón
Antonio Sánchez se centró en el ámbito local. Según sus cifras, en el Rincón de la Victoria hay 230 personas pendientes de que se les reconozca el grado de dependencia y otras 168 pendientes del Programa Individual de Atención (PIA), lo que suma 398 personas a la espera de la administración autonómica. Calificó de «fiasco» las medidas adoptadas por la Junta y lamentó que «muchas personas, por desgracia, fallecen esperando» la aplicación de la ley.
Como propuesta, el PSOE se comprometió, de cara a la próxima legislatura, a elaborar un plan de accesibilidad municipal para adaptar las calles a la vida diaria de las personas con discapacidad. Sánchez recordó que los ayuntamientos tendrán un papel relevante en la materia y que el Estado prevé subvencionar y ampliar la financiación para medidas concretas de accesibilidad universal. En su opinión, la reforma permitirá reducir la burocracia y los plazos de respuesta, de modo que la administración ofrezca una respuesta más inmediata.
