El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación en Rincón de la Victoria, donde el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta asequible están marcando la agenda política local. Así lo ha puesto de manifiesto la concejala portavoz de Izquierda Unida, Rocío Calderón, quien ha alertado de las dificultades crecientes que atraviesan distintos sectores de la población para residir en el municipio.
Durante su intervención, Calderón describió una situación que, según señaló, afecta tanto a jóvenes que no pueden emanciparse como a parejas que ven limitadas sus expectativas de futuro. También hizo referencia a trabajadores que, pese a desarrollar su actividad laboral en la localidad, se ven obligados a fijar su residencia en municipios cercanos ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones asumibles.
La edil situó este problema en el centro del debate social, recordando que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución, aunque —según afirmó— en la práctica se ha convertido en “una pesadilla para muchas personas y en un negocio para otras”. En este sentido, cuestionó la gestión del equipo de gobierno local, liderado por el Partido Popular, al que reprochó la falta de políticas efectivas en materia de vivienda en los últimos años.
Entre las críticas, Calderón mencionó el desarrollo de promociones de vivienda protegida, señalando que sus condiciones económicas habrían resultado inaccesibles para parte de los adjudicatarios. Asimismo, apuntó al crecimiento de las viviendas de uso turístico como uno de los factores que contribuyen a reducir la oferta disponible para residencia habitual, una tendencia que se repite en distintos puntos de la Costa del Sol.
Como alternativa, Izquierda Unida plantea la declaración de Rincón de la Victoria como zona tensionada, una medida contemplada en la normativa estatal que permitiría intervenir en el mercado del alquiler en áreas con alta presión de precios. La concejala defendió esta opción como un paso necesario para garantizar el acceso a la vivienda a quienes viven y trabajan en el municipio.
