El Ayuntamiento celebró este 29 de diciembre un pleno extraordinario en el que se abordaron dos asuntos de impacto directo en la economía doméstica de las familias del municipio: la modificación de la tasa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la segunda revisión de precios del contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos.
En relación con el IBI, el equipo de gobierno llevó a pleno una reducción del tipo impositivo del 0,68 al 0,67. Una bajada que, según se puso de manifiesto durante el debate, tiene un efecto meramente simbólico. Desde la oposición se señaló que la reducción de una centésima apenas supone alivio alguno para los hogares, especialmente tras la eliminación de la bonificación por empadronamiento, que ha provocado un incremento notable en los recibos que pagan muchas familias rinconeras.
El grupo municipal Con Rincón presentó alegaciones a la propuesta, defendiendo una bajada mayor, hasta el 0,64, que a su juicio sí tendría una repercusión más apreciable en el bolsillo de la ciudadanía. Su portavoz, Encarnación Calderón, subrayó que el margen para reducir el IBI pasa por un mayor control del gasto municipal. En su intervención, afirmó que “el verdadero esfuerzo debería estar en gastar menos de forma innecesaria para que se pueda bajar el IBI y que las familias noten un ahorro real”, criticando que la anunciada “bajada del IBI” se repita cada año como un titular sin efectos prácticos.
El segundo punto del orden del día fue la aprobación de la segunda revisión de precios del contrato adjudicado a la empresa FCC, responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Según se expuso en el pleno, el coste del contrato se ha incrementado en más de medio millón de euros desde su adjudicación inicial.
Desde Con Rincón se reclamó al equipo de gobierno una mayor responsabilidad en la fiscalización del contrato y del cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria. La formación recordó que ha sido este grupo el que ha denunciado en varias ocasiones presuntos incumplimientos, como la utilización durante dos años de contenedores del municipio en Manilva sin control municipal o la falta de puntos limpios móviles durante los tres primeros años de vigencia del contrato.
Calderón insistió en que, a su juicio, existe una actitud permisiva hacia determinadas empresas adjudicatarias. “Siempre hemos denunciado que se les ponen alfombras rojas, se les favorece y se mira hacia otro lado cuando se les debe fiscalizar para garantizar un servicio de máxima calidad y el cumplimiento estricto del contrato”, señaló. Además, apuntó que parte de la subida aprobada se justifica en la mejora salarial de la plantilla, aunque afirmó tener conocimiento de que aún no se han aplicado las subidas correspondientes al convenio en el primer semestre y el segundo de 2025.
El pleno extraordinario concluyó con la aprobación de ambos puntos, en un contexto marcado por el debate sobre el impacto real de estas decisiones en la economía familiar y la gestión de los recursos públicos municipales.
