El grupo municipal acusa al alcalde, Francisco Salado (PP), de aprobar por decreto una gratificación de 30.000 euros a una funcionaria sin respaldo técnico. El equipo de gobierno no ha emitido respuesta oficial.
El grupo municipal Por Mí Pueblo ha denunciado este lunes lo que considera una “irregularidad administrativa grave” en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, relacionada con un decreto firmado por el alcalde, Francisco Salado (PP), mediante el cual se autorizó el pago de 30.000 euros a una funcionaria del área de Urbanismo.
Según explicó el portavoz de la formación, José María Gómez “Pepín”, el decreto fue emitido en febrero de este año y tenía como objetivo abonar una cantidad correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, el grupo denuncia que la trabajadora “no desempeñaba en ese periodo el cargo de jefa de servicio”, puesto que, según Gómez, sería necesario para justificar el cobro de dicha retribución.
“Solicitamos la documentación que acreditara la legalidad del pago y durante meses no obtuvimos respuesta. Finalmente, los informes de Intervención y Secretaría confirman que el decreto carece de base legal”, afirmó el portavoz de Por Mí Pueblo.
Desde la formación aseguran que la actuación podría implicar un uso inadecuado de fondos públicos. En ese sentido, Gómez adelantó que el partido está estudiando la posibilidad de trasladar el caso a los tribunales para determinar si los hechos pudieran constituir un delito.“El alcalde pretendía que se abonara dinero de los vecinos sin contar con el respaldo técnico preceptivo. Es algo que debe aclararse en sede judicial si procede”, señaló.
