El portavoz del grupo independiente Por Mi Pueblo, José María Gómez Pepín, ha anunciado que la justicia ha abierto una investigación sobre un posible caso de irregularidades en la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Según sus declaraciones, realizadas en un comunicado público, el proceso judicial se encuentra en una fase preliminar tras la intervención de la Guardia Civil.
Gómez recordó que su formación política lleva aproximadamente un año denunciando la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Según su versión, las respuestas obtenidas por parte del equipo de gobierno han sido insuficientes, lo que llevó a su grupo a presentar el caso ante los tribunales hace unos meses.
El portavoz aseguró que el juzgado ha dado instrucciones para que la Guardia Civil investigue el expediente de contratación. En concreto, se está analizando la adquisición de mascarillas por un valor estimado de entre un millón y un millón y medio de euros, según sus palabras. Gómez denunció que no se han podido localizar las facturas correspondientes y que, en algunos casos, el informe de necesidad que justifica la compra habría sido firmado por un concejal en lugar de un técnico municipal, lo que podría contravenir la normativa de contratación pública.
Desde el grupo Por Mi Pueblo, afirman que han tratado de esclarecer este asunto en diversas sesiones plenarias, sin obtener respuestas satisfactorias por parte del equipo de gobierno. Según Gómez, la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos ha obligado a su partido a recurrir a la vía judicial, a pesar de que, en sus propias palabras, no es su intención «judicializar la política».
El caso ha generado un intenso debate en el municipio, especialmente en un contexto de subida de impuestos locales, algo que el portavoz de Por Mi Pueblo también criticó en su intervención. Según su análisis, el incremento de tributos como el IBI o las tasas de aparcamiento, junto con la situación económica que atraviesan los comerciantes del municipio, agrava el malestar de los vecinos.
Por el momento, se está a la espera de los avances en la investigación y de la comunicación oficial del juzgado sobre los próximos pasos del procedimiento. Entretanto, Por Mi Pueblo ha asegurado que continuará con su labor de fiscalización y recurrirá a los tribunales si lo considera necesario.
Desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria no ha habido, por ahora, una reacción oficial a estas declaraciones.
