El proceso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Rincón de la Victoria vuelve a situarse en el centro del debate público tras las críticas formuladas por el concejal José María Gómez “Pepín”, quien ha cuestionado la gestión económica y técnica del documento urbanístico más importante del municipio.
Seis años de trámites y dos procesos de contratación
Según expuso Gómez en una comparecencia pública, el Ayuntamiento –durante el mandato del alcalde Francisco Salado– habría iniciado hace alrededor de cinco o seis años un primer procedimiento para la elaboración del PGOU, adjudicado a una empresa por unos 600.000 euros.
El concejal sostiene que aquel trabajo no tuvo continuidad ni utilidad administrativa: “Seiscientos mil euros tirados al cajón de la basura de vuestros impuestos”, afirmó.
Posteriormente, siempre según su versión, el Consistorio impulsó un segundo proceso, esta vez con un coste estimado de entre 1,5 y 2 millones de euros, incorporando a tres funcionarios interinos procedentes de distintas instituciones para asumir tareas técnicas de redacción.
Críticas sobre capacidad técnica y subcontrataciones
Gómez señaló que estos interinos carecerían de competencias para elaborar informes especializados —hidráulicos, acústicos o medioambientales— necesarios para la tramitación del PGOU.
De acuerdo con su relato, el propio Ayuntamiento habría recurrido a empresas externas para cubrir esas funciones, extremo que pide aclarar públicamente.
Entre esas colaboraciones externas, el concejal destacó la presencia de un arqueólogo cuya referencia aparece en la memoria del documento: Juan Bautista Salado Escaña. Gómez subraya su parentesco con el alcalde y reclama que se aclare el modo de contratación, la remuneración y el procedimiento seguido para su incorporación.
La mención al familiar del regidor, asegura, “exige toda la transparencia posible”, apelando a la normativa vigente sobre buen gobierno y acceso a la información pública.
Exigencia de transparencia y falta de respuesta
Gómez afirma haber registrado preguntas formales para obtener detalles sobre la contratación y la autoría de los informes incluidos en la documentación técnica del PGOU. Hasta la fecha de su intervención, asegura no haber recibido respuesta del Ayuntamiento.
El concejal insiste en que la administración local debe aclarar si la relación contractual con el arqueólogo se realizó de forma directa o a través de una empresa privada.
Gómez abren un nuevo capítulo en un proceso urbanístico que ya acumula años de retrasos, cambios de criterio y un elevado coste económico.
La versión municipal será clave para contrastar la información, aclarar los procedimientos empleados y determinar si las prácticas señaladas se ajustan a la legalidad y a las garantías exigidas en un documento de esta envergadura.
Mientras tanto, el desarrollo del PGOU continúa siendo un asunto de gran sensibilidad para un municipio en expansión, con importantes retos en materia de movilidad, planificación de infraestructuras y protección del entorno.
